La banalización del delito en Río Negro

En los últimos tiempos, los rionegrinos han sido testigos de cómo los políticos de Río Negro se acusan entre sí de delitos gravísimos que dejan al descubierto el estado actual de la política. Se abren interrogantes sobre cuán arraigadas están la corrupción y el delito dentro del sistema político.

Todo comenzó con el quiebre entre Juan Martín (PRO) y Victoria Villaverde (La Libertad Avanza) mientras negociaban presentar una lista común. Desde el PRO argumentan que existían objetivos compartidos, pero que no podían convalidar los antecedentes de algunos candidatos, en alusión a Villaverde. No faltan los malpensados que sostienen que, en realidad, la causa del fracaso fue que los lugares en la lista no satisfacían las expectativas del PRO. Otros van mas alla y sugieren que el PRO pateó el tablero para evitar ser alcanzado por las esquirlas de la explosiva denuncia de Martín Soria en el Congreso de la Nación contra Villaverde.

Un segundo capítulo ocurrio cuando Juan Grabois denunció a José Luis Espert por haber recibido una transferencia de dinero de una persona supuestamente vinculada al narcotráfico, quien, además, es rionegrino y está detenido con prisión domiciliaria en la provincia. Esto reavivó la presión sobre Villaverde, ya que su pareja es primo de Machado, la persona detenida en Río Negro.

Un ultimo episodio tuvo lugar cuando Machado en una entrevista telefónica, afirmó haberse reunido con el gobernador Alberto Weretilneck, arrastrando al lodo al máximo funcionario rionegrino. Lo llamativo fue la reacción del gobernador, que respondió mostrando grandes fotografias de los hermanos Soria con supuestos narcos de Cipolletti, en público y ante cámaras. Y con ello abrió un nuevo frente: si sabía de tales vínculos, ¿por qué no lo denunció antes?. Otra pregunta, menos evidente pero igual de inquietante, es: ¿por qué la arremetida contra la familia Soria con quienes venía manteniendo una buena relación política? Una posible respuesta es que Weretilneck percibió una operación política destinada a perjudicarlo y que los Soria habrían sido parte de ella.

Esta aparición del Gobernador fue tan espontánea que la jugada se leyó como un tiro en el pie. Porque la policía que debería combatir esos delitos depende de su autoridad, y porque Cipolletti, epicentro del señalamiento, es su propia cuna política. El intendente Rodrigo Buteler, hombre de su riñón, quedó así en una posición incómoda: su líder denunció algo que, de ser cierto, lo compromete por omisión.

El cuadro final es el de un electorado exhausto, que empieza a percibir la densidad del vínculo entre crimen y poder. Los ciudadanos asisten a una disputa que revela más sobre quienes gobiernan que sobre los delitos mismos.
Lo que se pone en juego finalmente no es una elección: es la credibilidad de las instituciones.