Transparencia: la brecha entre el discurso y la realidad

Diez puntos para que el ciudadano pueda ver, sin ser detective, qué se hace con su plata

"Tenemos una gestión transparente." "No tenemos nada para esconder." "Las cuentas están a la vista de todos." No hay acto, campaña ni rendición de cuentas en la que algún funcionario no apele a la palabra transparencia. Se volvió el adjetivo obligado de todo discurso político: el que gobierna se presenta, casi por reflejo, como alguien que muestra todo lo que hace.

El problema es que la transparencia se proclama mucho y se comprueba poco. Es fácil decirla desde un escenario, mas aún desde las redes sociales; pero es difícil sostenerla con datos que cualquier vecino pueda revisar. Entre el relato de la "gestión transparente" y la posibilidad real de controlar qué se hace con los fondos públicos suele haber una distancia enorme. Y la pregunta que casi nunca se dice en voz alta es la más sencilla: ¿son realmente transparentes?

La transparencia rara vez es un sí o un no. Es una escala. Hay organismos que no publican nada y hay otros que, sobre el papel, publican "todo": cuelgan resoluciones, planillas, expedientes y boletines en distintos rincones de internet. El problema es que muchas veces esa información existe pero está dispersa. Un dato en el portal de compras, otro en el boletín oficial, otro en una nota de prensa, otro en una planilla escondida tres clics adentro de una página que casi nadie visita. Para reconstruir algo tan simple como cuánto cuesta una oficina y qué hace con ese dinero, el ciudadano común tiene que armar un rompecabezas para el que no tiene tiempo o las herramientas.

Y ahí está el punto: publicar no es lo mismo que informar. Información publicada en varios lugares distintos es, en la práctica, información oculta. La transparencia real no se mide por la cantidad de archivos subidos, sino por la facilidad con que una persona sin conocimientos técnicos puede entender qué se hace con los fondos públicos.

La propia legislación va en esa dirección. La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública no se conforma con que el Estado responda cuando se le pregunta: en su artículo 32 establece la obligación de la transparencia activa, es decir, publicar información de manera clara, estructurada y entendible, removiendo las barreras que dificulten su uso. Las provincias y los municipios dictan sus propias normas en la misma sintonía. El espíritu es siempre el mismo: el que administra plata ajena tiene que rendir cuentas de oficio, sin que nadie se lo reclame.

Por eso, desde el Observatorio Fernando Rajneri proponemos un criterio sencillo y verificable. Cada oficina u organismo del Estado debería concentrar en su propio sitio web, en un solo lugar y en lenguaje llano, la información que permita a cualquier vecino apreciar qué hace y cómo gasta. No en un repositorio para especialistas: en una página que un jubilado, un comerciante o un estudiante puedan leer y entender.

Estos son los diez puntos con los que proponemos medir la transparencia de cada repartición pública:

1. Misión y objeto de la oficina. Para qué existe, qué problema resuelve y de quién depende. Sin esto, lo demás flota en el aire.
2. Nómina completa de empleados y funcionarios. Nombre y Apellido, número de CUIT/CUIL, puesto, cargo y lugar donde desempeñan sus tareas.
3. Remuneraciones. El sueldo de cada empleado y funcionario, más cualquier beneficio adicional que perciba (adicionales, viáticos, bonificaciones, etc.).
4. Acciones y programas. El listado completo de las actividades y programas que la oficina lleva adelante.
5. Beneficiarios de fondos. Si la oficina otorga préstamos, aportes no reembolsables (ANR) o subsidios: nombre completo de cada beneficiario, monto del beneficio y las demás condiciones que lo rigen.
6. Proveedores. Razón social y CUIT/CUIL de cada proveedor, con los montos contratados, las condiciones y los plazos.
7. Logros e hitos. Los resultados de la oficina en el período actual y en los anteriores, para poder comparar.
8. Presupuesto. El presupuesto anual con sus principales cuentas desagregadas, tanto el vigente como los de años anteriores.
9. Declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios. El patrimonio de quienes ocupan cargos de decisión, al inicio y al final de su gestión. Es la herramienta más directa para detectar enriquecimientos que el sueldo no explica.
10. Datos abiertos y vía de acceso. Que todo lo anterior esté en formatos descargables y reutilizables —planillas, no PDF escaneados— y que figure de manera visible a quién, cómo y en qué plazos se le puede pedir la información que no esté publicada.

Ninguno de estos puntos exige tecnología sofisticada ni presupuestos extraordinarios. Exige decisión. La información ya existe: está en los sistemas de cada organismo. Lo que falta, casi siempre, es la voluntad de ordenarla y mostrarla de frente.

Cuando una oficina cumple estos diez puntos, deja de pedirle al ciudadano que se convierta en investigador para entender lo obvio. Y cuando no los cumple, la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué se gana escondiendo lo que, por definición, es de todos?